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Se
criticó la inclusión del delito tributario y se recalcó la necesidad
de promover el decomiso.
Luego de la reunión celebrada en París durante la última semana de octubre,
la Argentina ha quedado nuevamente en situación expectante frente al
Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Varios especialistas abordaron esta cuestión en una Jornada realizada
en Buenos Aires donde se consideró el cumplimiento de los requerimientos
del GAFI a la luz de la nueva ley de prevención del lavado de activos
y las resoluciones emitidas durante este año por la UIF.
La actividad, organizada por NOP, se llevó a cabo en el Sheraton Libertador
Hotel y asistieron representantes de entidades financieras y cambiarias,
de estudios profesionales, de organismos del Estado, especialistas y
asesores.
De tal manera, se intentó concluir sobre si la normativa vigente es
capaz de conformar al GAFI, si la UIF cumple con los estándares internacionales
admitidos y, en definitiva, si los resultados obtenidos en materia de
lucha contra el lavado de activos han sido suficientes.
Entre los disertantes invitados se contó con la presencia de especia-listas,
legisladores, periodistas de investigación, investigadores y reguladores.
Participaron como expositores el fiscal Raúl Pleé, la diputada nacional
Elsa Quiroz, el periodista Daniel Santoro, el abogado Francisco D'Albora,
la contadora Alicia López y el oficial de cumplimiento del BCRA Néstor
Robledo.
Los disertantes se expresaron desde diferentes ópticas ya que trataron
el tema partiendo de sus experiencias personales y desde el punto de
vista de sus diferentes profesiones. Este enfoque interdisciplinario
permitió señalar acuerdos y discrepancias con la normativa y con los
proce-dimientos vigentes.
Se criticó la inclusión del delito tributario dentro de aquellos que
originan el lavado por considerarse que implica la distracción de recursos
en la persecución de evasores impositivos en desmedro de la lucha contra
las organizaciones que lavan dinero proveniente del narcotráfico y la
corrupción política.
También se hizo hincapié en la necesidad de promover las acciones de
decomiso –instituto no del todo arraigado en nuestra jurisprudencia-
ya que lo más perjudicial para quienes pretenden blanquear activos de
dudoso origen es sufrir la incautación de sus bienes.
Algunos panelistas relataron sus experiencias frente a hechos de corrupción
que implicaron un intento, concretado o no, de dar apariencia legal
a fondos o activos provenientes de acciones ilegales.
Mayoritariamente, se concluyó que la legislación y la normativa actuales
tienen técnicamente fallas que impiden una adecuada prevención del lavado
de activos. Varios expositores señalaron que los procedimientos instrumentados
y la efectividad puesta de manifiesto por el organismo encargado de
la prevención y persecución de estos delitos no han sido todo lo adecuado
que se esperaba.
Luego de sus disertaciones, todos los expositores tuvieron la oportunidad
de expresar sus conclu-siones tras lo cual se abrió un debate con los
concurrentes donde estos últimos pudieron formular preguntas y expresar
sus opiniones para ser debatidas con los panelistas.
Las respuestas recogidas de los asistentes sobre el resultado de la
Jornada fueron altamente favorables. Se resaltó la oportunidad de poder
escuchar “algo distinto” de lo que frecuentemente se expone
en este tipo de eventos ya que se confrontaron opiniones divergentes
y se expresaron ponencias distintas que permitieron a los concurrentes
elaborar conclusiones sobre el tema en cuestión.
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