Las autoridades dispusieron, la adopción de una serie de medidas restrictivas sobre las operaciones cambiarias.

El escenario económico que se observó en los últimos años -en particular entre 2007 y 2011- ha ido perdiendo gradualmente viabilidad y está claro que se requieren determinadas correcciones. La pérdida o disminución de los superávit gemelos -fiscal y externo-, el atraso del tipo de cambio real y hasta las restricciones energéticas actuales, conforman un nuevo panorama.

En todos los casos, el proceso inflacionario jugó un rol preponderante en el deterioro de las variables señaladas.

Por otra parte, la percepción creciente acerca de la insuficiencia de las variaciones cambiarias nominales con relación al alza de los precios internos y el uso de reservas internacionales para el pago de compromisos de la deuda pública, aceleraron la demanda de divisas por parte del sector privado frente a la perspectiva de un ajuste cambiario más contundente.

Ante tal circunstancia, el sistema bancario comenzó a evidenciar algunos problemas de liquidez, que derivaron en una suba importante de las tasas de interés, movimiento que también debe computarse como un dato relevante hacia el futuro.

En consecuencia, es probable que tanto por razones cuantitativas como de costos, las operaciones crediticias tiendan a reducirse.

En el terreno fiscal se anunció el comienzo de una política de reducción de subsidios, que afecta inicialmente a ciertos sectores productivos y a usuarios residenciales de más altos ingresos. Sin embargo, para que el proceso tenga impacto en las cuentas públicas deberá extenderse a un universo mucho más amplio de la población, en particular en el pago de los servicios de energía y transporte urbano.

Por su parte, frente a la presión de la demanda para la adquisición de divisas, las autoridades dispusieron, la adopción de una serie de medidas restrictivas sobre las operaciones cambiarias, basadas en controles del Banco Central y la AFIP. El límite, tanto en el plano fiscal como cambiario, con respecto a la magnitud y el ritmo de las medidas que pueden adoptarse, está determinado por su impacto en el proceso inflacionario.

En tal sentido, también se ha planteado la necesidad de limitar los incrementos salariales en el año próximo -a un rango esperado que sea aproximadamente la mitad del registrado en 2011-, con el propósito de contribuir también a reducir la tasa de inflación. Este objetivo requiere de un acuerdo social, que no es sencillo de instrumentar en el terreno político y que además, exige un fuerte compromiso con relación a que el proceso inflacionario será efectiva-mente controlado o moderado.

En definitiva, el conjunto de restricciones existentes en el plano fiscal, cambiario, crediticio, energético, etc., inducen a prever que en 2012 la economía argentina transitará un sendero más limitado en materia de crecimiento de la actividad productiva y en consecuencia, también de la ocupación laboral. No se observa un panorama de crisis que pueda derivar en una recesión, pero sí un escenario en el cual puede desacelerarse de manera significativa el crecimiento económico.

Al respecto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que compila mensualmente el Banco Central en base a las proyecciones de un número significativo de consultores y centros de estudio, prevé en su último informe -correspondiente al mes de noviembre- que el PIB en 2012 aumentará algo menos de 5%. Y algunos analistas consideran un crecimiento algo menor, del orden de 4%.

Por cierto, las nuevas condiciones del desenvolvimiento económico local, incluyendo la perspectiva de un crecimiento más moderado en el próximo año, deben ser también evaluadas en el contexto de los riesgos eventuales derivados de la crisis internacional. Un dato no menor al respecto, es la comprobación de que la economía brasileña expuso un comportamiento leve-mente contractivo en el tercer trimestre del corriente año. Ello puede impactar por el lado comercial, en particular a aquellas industrias que exportan a dicho país.

Fuente. INFORME ECONÓMICO DE COYUNTURA publicado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Diciembre 2011